Montevideo, 24 abr.- El Gobierno de Uruguay ingresó formalmente al Parlamento su anteproyecto de Ley de Urgencia consideración, que el opositor Frente Amplio calificó de inconstitucional, inoportuna y antidemocrática.
Tal como establece el procedimiento legislativo, una comisión especial de 15 miembros integrada proporcionalmente por ocho senadores de los partidos oficialistas Nacional, Colorado y Cabildo Abierto, y siete de la fuerza política de izquierda, analizará el extenso legajo de 502 artículos.
Una declaración emitida a comienzos de mes por la Mesa Ejecutiva del FA, con la premisa de que “lo urgente es la vida”, cuestionó el proyecto por enviarse en medio de la pandemia del nuevo coronavirus y lo sumó a anteriores preocupaciones sobre contenidos programáticos del documento.
Para el Frente Amplio, con esta típica ley ómnibus, la derecha en el poder se propone imponer de un tirón todo su programa electoral de restauración conservadora y echar atrás las conquistas populares de los últimos 15 años de gobiernos de izquierda.
El coordinador de la bancada frenteamplista, Charles Carrera, dijo que “es muy probable” que el partido elija el camino del referendo para tratar de derogar la ley de urgente consideración, pues consideran un hecho que será aprobada al contar con el apoyo de la mayoría del Parlamento.
Lo expresado por Carrera coincide con lo dicho por otro senador afín, del Partido Comunista, Oscar Andrade, quien manifestó abiertamente que se está evaluando la posibilidad de recolectar firmas.
“En los 500 artículos no hay uno que tenga que ver con la pandemia, con necesidades de hoy de la gente. Es un uso abusivo de las normas constitucionales y la calidad de la democracia y poderes está en juego”, declaró al espacio radial 970 Noticias.
Sostuvo que “hay un avasallamiento de la mayoría sobre la minoría, estamos muy preocupados, es inconstitucional”, y agregó que en el FA “vamos a iniciar un proceso de discusión y es muy probable que iniciemos un referendo”.
Carrera expuso que reclamará la participación de sectores a los cuales la Ley afectará sus intereses, y la vida económica y social, que asegure una discusión democrática de la Ley en los 90 a 120 días por delante. (Texto y foto: PL)
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Daisi Contreras Madrazos
Editorial CMHV
Eovalis Matos Arias
Frank Fernández García
Emisora Vertientina 